Fuente : Diario la Primera
POLÍTICA LABORAL
Perú: Contra los sindicatos
Mientras en el mundo desarrollado los
sindicatos constituyen la columna vertebral del diálogo sobre la
política laboral, en el Perú los sindicatos no solo no son tomados en
cuenta, sino que, por el contrario, los empresarios son consultados
sobre cómo se va a afectar los derechos de los trabajadores.
El gobierno
antes de proponer políticas y reformas que atañen a sectores laborales,
tiene la obligación de convocar a los sindicatos. No hay otra
institución que pueda expresar el sentir y opinión de los trabajadores
que su propio organismo.
La mentalidad del empresariado
llamado nacional siempre ha sido primitiva y excluyente con respecto a
los sindicatos, demostrando así su desprecio por los trabajadores. En
los países desarrollados pasa todo lo contrario, la representación
sindical nacional es convocada en cada país por el presidente de
gobierno para dialogar sobre política laboral, aunque no necesariamente
lleguen a acuerdos positivos, pues a veces las dirigencias sindicales no
defienden a los trabajadores sino sus intereses.Así pues, las reuniones están ya institucionalizadas porque en una sociedad democrática en la que rige el estado de derecho, los sindicatos son instituciones que representan a los trabajadores, y sus opiniones y propuestas son escuchadas cuando se trata de políticas laborales y económicas.
En el Perú solo las organizaciones empresariales gozan de privilegios y atenciones del Estado, las opiniones de la CONFIEP son órdenes para el gobierno, su influencia es tan determinante que pueden poner y sacar ministros según convenga; los gobiernos no se atreven a contradecir y menos enfrentarles. Los poderes económicos siguen intocables, mientras la CGTP es considerada su enemiga.
A comienzos del siglo XX, los trabajadores en el Perú tuvieron que organizarse clandestinamente en sindicatos para ser escuchados. José Carlos Mariátegui le dio al movimiento sindical contenido de clase. La respuesta a sus reclamos casi siempre ha sido la represión. Jamás ni empresarios ni gobierno dieron alguna mejora por su propia voluntad. La conquista por sus derechos fue a costa de sangre y dolor de los trabajadores.
Las conquistas más importantes para la clase obrera y demás trabajadores fueron logradas durante el gobierno del General Velasco. Durante la dictadura de Morales Bermúdez se empezó por desmontar estas conquistas, siendo el país sometido a los dictados del FMI. La CGTP movilizó a los trabajadores en acciones de protesta para exigir al felón de Morales deje sin efecto las medidas económicas que solo afectaban a los trabajadores y sectores populares. Esto se logró con el gran paro nacional del 19 de julio de 1977.
Con aquel paro nacional la CGTP removió las bases mismas del sistema y de sus poderes económicos, sentenció el fin de la dictadura, viéndose Morales obligado a convocar elecciones para la Asamblea Constituyente y las elecciones generales de 1980.
Pero la venganza del dictador fue cruel: dictó el DS 011-77-TR que dejaba en libertad a los empresarios a despedir a los dirigentes sindicales que propiciaron el paro del 19 de julio. Los empresarios lo hicieron. Más de 5 mil dirigentes fueron lanzados a la calle, toda una generación de cuadros sindicales fue liquidada. La CONFIEP aplaudió dicha medida.
Ahí no quedó todo. Lo peor vino con Fujimori. Los despidos se hicieron masivos al privatizar, este, las empresas públicas más rentables. Miles de familias tuvieron que salir del país en busca de trabajo. Los poderes económicos y las transnacionales fueron los grandes beneficiarios y los trabajadores las víctimas.
Hoy, en la segunda década del siglo XXI, vivimos una situación parecida bajo la dictadura del neoliberalismo, con gobiernos genuflexos que han impuesto la llamada “flexibilidad o ajuste estructural” para debilitar a los sindicatos que consideren enemigos. La condición de los trabajadores en el Perú está en retroceso acelerado, la precarización aumenta, la estabilidad laboral fue eliminada, se ha impuesto la tercerización. Últimamente el gobierno ha impuesto la Ley 30056 PYMES extensiva a medianas empresas bajo el argumento de la competitividad, pero sacrificando aún más a los trabajadores.
Los empresarios tienen ahora plena libertad para despedir trabajadores y ellos laboran estresados y chantajeados con la angustia de no ser recontratados. Con el actual gobierno, más de 3 mil dirigentes fueron despedidos por querer formar sindicatos. Con el gobierno de Ollanta Humala la represión contra los trabajadores no cesa, decenas son los asesinados por participar en las protestas y los responsables siguen impunes.
El gobierno antes de proponer políticas y reformas que atañen a sectores laborales, tiene la obligación de convocar a los sindicatos. No hay otra institución que pueda expresar el sentir y opinión de los trabajadores que su propio organismo.
La asamblea nacional de delegados de la CGTP del 10 de agosto ha decidido un paro cívico y popular para el 26 de setiembre, esto significa que el descontento aumenta y la central de Mariátegui se pone a la altura de los acontecimientos; sin embargo, no se debe caer en el hartazgo y dejar la iniciativa al gobierno para que este mate por aburrimiento y desgaste la lucha de los trabajadores. La CGTP debe aplicar una estrategia correcta para casos como este. Lo del 10 de agosto no es desfogue de indignación sino la exigencia para que Ollanta Humala cumpla sus promesas. Esa factura la debe y la tiene que pagar.
Valentín Pacho*Colaborador
Ex Secretario General de la CGTP y actual Secretario General adjunto de la Federación Sindical Mundial.
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